La mayoría de los trabajos relativos al nacimiento del estado de Hidalgo han abordado el tema como una simple sucesión de hechos y actuaciones que desembocaron en su erección como entidad federativa el 16 de enero de 1869, aunque hay quienes lo han realizado desde el punto de vista jurídico, como es el caso del que escribieron para el primer número de la revista Teotlapan los abogados Ignacio Bocardo y el suscrito, que titularon “Comentarios histórico jurídicos al decreto que erigió al Segundo Distrito Militar en entidad libre y soberana llamada Estado de Hidalgo”; en ese mismo sentido, José Ramón Narváez Hernández publicó en 2009, auspiciado por el Tribunal Electoral de Hidalgo, un extenso estudio denominado Creación Jurídica del Estado de Hidalgo; otro tema específico sobre el nacimiento de Hidalgo fue realizado por David Lugo Pérez bajo el título de Estado de Hidalgo: historia de su creación, en el que se estudia tal suceso desde la óptica económica.
Si bien todos los trabajos aluden de manera imperceptible, los posibles criterios políticos que impulsaron a la creación de la entidad, su tratamiento es marginal y hasta cierto punto secundario, lo que sin lugar a duda es equivoco, pues fue este el más importante motor de esa jornada, sin soslayar a los sustentos económicos, jurídicos y sociales, que determinaron tan importante decisión, en uno de los momentos cruciales de nuestra historia en el siglo XIX.
Un acercamiento a la situación prevaleciente en el entonces enorme Estado de México permite entender que la amplitud de la entidad, lejos de ser una condición favorable, era la principal fuente de inquietud, en razón del abandono en que vivían las regiones más apartadas de la capital mexiquense, sitios donde se mantenía una terrible inseguridad propiciadora de levantamientos, asonadas y rebeliones que representaban un fuerte dolor de cabeza tanto para el gobierno local, como para el del propio presidente Juárez; por otro lado, la entidad mexiquense mantenía merced a las grandes distancias y malas comunicaciones una cada vez mayor marginación de orden político —toma de decisiones, participación en los órganos de gobierno, etcétera—, lo que causaba insatisfacción entre ciudadanos que deseaban participar en la política de su estado y los que no se sentían representados en la toma de las decisiones que afectaba a sus comunidades.
En este contexto de ideas, la creación del estado de Hidalgo, y el de Morelos seis meses después, se antojaba como la mejor fórmula para apaciguar al centro del país, pues era urgente otorgar a los inversionistas seguridad en sus actividades y a los pueblos y villas la anhelada paz.
La división del estado de México permitió entre otras cosas repartir cargas administrativas y políticas en tres gobiernos en lugar de uno, como hasta entonces sucedía y desde luego instrumentar nuevas y más precisas estrategias en materia de seguridad. Tal vez la mejor decisión tomada en esos años fue la de crear un cuerpo de policía para seguridad regional, “la Policía es estructuralmente hija de la política”.
En 1861 “el gobierno de Benito Juárez fundó la Fuerza de Policía Rural de México.” con los mejores augurios, en principio “los miembros de esta organización se reclutaron entre voluntarios dispuestos a formar parte de ella, principalmente, veteranos del ejército dados de baja honrosamente”. Al restaurarse la República aquel cuerpo de Policía, tenía ya una muy bien ganada popularidad entre los habitantes de todo el país, que deseaban fervientemente vivir en paz.
En principio estas corporaciones se crearon para vigilar los caminos de la capital al interior de país, pero terminó generalizándose su servicio para enfrentar a las múltiples bandas de plagiarios y salteadores que proliferaban por todo el país. La división del Estado de México permitió que los gobernadores de las tres entidades: México, Hidalgo y Morelos, tomaran respectivamente el mando y responsabilidad de esta fuerza, con lo que se logró descargar al Gobierno de la República de tal responsabilidad y le permitió dedicarse de lleno a mejorar otros rubros de la administración pública, entonces muy atrasados.
Por otra parte, la atención de los asuntos civiles y penales encontró en la creación de los nuevos Tribunales Superiores de Justicia —de Hidalgo y Morelos— un sustancial mejoramiento en el ámbito jurisdiccional con lo que se ganó gran confianza entre los justiciables; amén de innumerables progresos en el trámite administrativo de asuntos relacionados con diversas políticas públicas.
De esta manera, los diputados Manuel Fernando Soto Pastrana, respetable hacendado tulancinguense, y principal impulsor en la creación del estado desde 1856; Antonino y Protasio Tagle, hermanos, también ricos agricultores en la zona de Tulancingo, Zempoala y Apan; don Manuel T. Andrade, próspero ganadero en la región de Huejutla; Cipriano Robert, acaudalado minero de Pachuca; el Ingeniero Gabriel Mancera, gambusino en los minerales de Pachuca y Chico e industrial textilero de Tulancingo, más tarde constructor del ferrocarril Hidalgo); José Luis Revilla, comerciante y minero de Pachuca, dueño de amplias zonas de cultivo en la región y, el licenciado Justino Fernández, abogado de empresas mineras en la comarca Pachuca-Real Monte, saltaron rápidamente a la política del nuevo estado y mucho coadyuvaron en el desarrollo de la entidad hidalguense.
La valoración de todos estos supuestos resultó fundamental para que el presidente Juárez no solo aceptará, sino impulsara la división del antiguo Estado de México, y si bien no intervino de manera directa en el trámite realizado ante el Congreso, lo cierto es que estuvo atento a su desarrollo y lo impulsó cuanto pudo.